La que suscribe diputada Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo –con carácter de urgente u obvia resolución– con base en las siguientes

Consideraciones

El Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial (en adelante Cemabe), se realiza por mandato constitucional posterior a la publicación del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en la Constitución a través del cual, entre otras cosas, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa y se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, como instancia encargada de generar información, a realizar un censo para dar a conocer el estado de las escuelas en el país así como para conocer sus carencias en cuanto a infraestructura se refiera.

La puesta en marcha del censo tuvo como objetivo central, captar las características de las escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de escuelas de educación básica del sistema escolarizado y especial, con el objetivo de proveer información al Sistema de Información y Gestión Educativa del país.1 Incluyó también a las autoridades educativas integrando con ello un Comité Nacional y Comités Estatales de Colaboración para conformar en conjunto un catálogo de centros de trabajo de educación básica especial.

Los resultados arrojados por el Cemabe fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, por la evidencia del desorden en la nómina magisterial o porque no estaban siendo públicos o completos los datos de al menos 332 mil plazas docentes.

Sin embargo, en otros aspectos el censo recabó datos sobre el rezago físico de algunos planteles educativos para que posteriormente se mejoren sus condiciones físicas básicas. Los datos del Cemabe brindaron información sobre problemas con el mobiliario escolar, las condiciones de los sanitarios, el estado de las construcciones, pisos, techos; el estado que guardan laboratorios, implementación y recursos para sobrellevar emergencias, características de los inmuebles para atender alumnos con discapacidad motriz, etcétera. Es decir, las condiciones de la infraestructura, equipamiento y servicios de los centros educativos así como las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial.

Para atender las condiciones de los centros educativos que resultaron susceptibles de inversión, se integró la aportación denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (en adelante FAM), el cual es uno de los ocho fondos que se integran el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ramo general 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.2

Considerando lo anterior, la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (en adelante Inifed), puso en marcha el Programa Escuelas al Cien (en adelante Programa), a través del cual se pretende invertir 50 mil millones de pesos para beneficiar a 33 mil planteles educativos.

Lo anterior se concreta a través de convenios de coordinación celebrados entre las entidades federativas y el gobierno federal, tomando en cuenta principalmente los datos arrojados por el Cemabe, la propuesta de inversión presentada por la Secretaría de Educación Pública y las consideraciones del Inifed.

De acuerdo con el documento “Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa”3 las inversiones que habrán de realizarse en los plateles que resultaron elegibles, deben ir acompañadas de documentos que respaldan todo el proceso de la ejecución de las obras. La integración de dichos documentos se concentra en los “Proyectos de la INFE” (planteles educativos que componen el Anexo A del Convenio de coordinación, susceptibles de ser atendidos y beneficios con el Programa). En ellos, se especifican los mecanismos de operación del Programa que pueden ser:

• A través de inversión para obra pública

• A través de inversión para mobiliario y equipo.

El plazo establecido para modificar dichos proyectos, venció el pasado 17 de enero.

Por otro lado, se destaca que un día posterior al vencimiento de dicho plazo, es decir el 18 de enero, se publicó completo en el portal del Inifed el “Registro de Escuelas Elegibles 2017-2018”,4 pero no se conoce con precisión, cuales son los documentos que respaldan la gestión de las obras, la modalidad de contratación de las mismas, la cédula de Información técnica, los expedientes técnicos, la situación de las instalaciones en general, el diseño estructural y arquitectónico ni la integración final de cada uno. Es decir, no se conocen los documentos que respaldan los Proyectos de la INFE, ni las posibles modificaciones generadas a alguno de ellos previo vencimiento del plazo del 17 de Enero.

Es importante reconocer el esfuerzo que hace el Inifed brindando herramientas de consulta geo referenciada para localizar en la página de internet https://escuelasalcien.inifed.gob.mx/escuelasalcien/ cada uno de los planteles que habrán de recibir recursos del Programa. Sin embargo, no se cuenta con información disponible para conocer el estado actual de los planteles educativos, por lo que en aras de transparentar y aprovechar de la mejor manera los recursos que habrán de invertirse, así como de generar condiciones que beneficien a la mayor cantidad de alumnos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, y del Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, a hacer público el contenido de los convenios de coordinación celebrados para ejercer los recursos del programa “Escuelas al Cien”, así como, el tipo de obras y mejoras contenidas en los “Proyectos INFE” de los planteles del Registro de Escuelas Elegibles para los años 2015-2016 y 2017-2018.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a mantener actualizado, su sitio de geo referenciación para hacer transparente el estado actual de las escuelas que habrán de beneficiarse con el Programa Escuelas al Cien, el avance de las obras.

Deja un comentario