Por Cecilia Romero Castillo.

En el año de 1987, en las postrimerías de la LIII Legislatura protagonizamos en la Cámara de Diputados un candente debate, con el que se cerró el primer capítulo formal en el largo camino hacia la democratización del Distrito Federal.

El dictamen que entonces se aprobó por la mayoría priista, con el voto en contra de los diputados del PAN, dio paso a la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con facultades para dictar bandos y reglamentos de policía y buen gobierno.

Los diputados panistas de esa Legislatura argumentamos que este paso era timorato e incompleto, dada la ya para entonces larga historia de expresiones, análisis, propuestas y exigencia de los capitalinos –en gran medida a través del PAN– para dejar de ser ‘ciudadanos de segunda’.

El debate sobre la conversión del Distrito Federal en el estado 32 de la Federación, la municipalización de las delegaciones políticas, la elección democrática del Jefe del Departamento del Distrito Federal –designado por el Presidente de la República–, la erección de un Congreso local, y tantas otras legítimas aspiraciones ciudadanas, se resumían en una ‘Asamblea de Representantes’ que, en el mejor de los casos, ¡tendría facultad de emitir reglamentos de policía y buen gobierno…!

Esta propuesta era risible, a fuer de trágica (razón de nuestro voto en contra). Sin embargo, Acción Nacional decidió participar en las elecciones que por primera vez se llevaron a cabo en el Distrito Federal en 1988. De esa Primera Asamblea de Representantes formaron parte, entre otros, José Ángel Conchello, Gonzalo Altamirano, Felipe Calderón, Víctor Orduña, y un grupo de aguerridos panistas que dieron brillo al reinaugurado recinto histórico de Donceles y Allende, desde entonces sede de la Asamblea.

Viene a cuento este relato porque, precisamente el día de hoy, 20 de enero, cuando escribo este artículo, fue declarada la constitucionalidad de la Reforma Política del Distrito Federal por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, habiendo sido aprobada la iniciativa por las Cámaras de Diputados y Senadores, y 22 legislaturas locales.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde ese lejano 1987. El Jefe del Departamento del Distrito Federal pasó a mejor vida y los capitalinos elegimos por primera vez al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997, los delegados pasaron a ser Jefes Delegacionales elegidos por votación popular en el año 2000, y la Asamblea de Representantes pasó a tener facultades legislativas en 1993. Posteriormente, se convertiría en Asamblea Legislativa del Distrito Federal con facultades ampliadas en la elección de 1997.

Y, ¿qué cambia para el Distrito Federal con la Reforma Política formalizada precisamente hoy? Podemos decir que mucho y poco. Dejamos de ser ‘Distrito Federal’ para ser en lo sucesivo ‘Ciudad de México’. Para los que aquí hemos nacido y vivido, es decir, para los auténticamente ‘chilangos’, esto es muy importante: ‘Distrito Federal’ no significa nada, ‘Ciudad de México’ significa todo.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasará a ser la Legislatura de la Ciudad de México, con facultades similares a las de los Congresos de los estados. ¡Qué lejos estará de aquella Asamblea de Representantes de hace 28 años!

Ya no tendremos un ‘Estatuto de Gobierno’, ahora tendremos una Constitución como las demás entidades federativas. Seguiremos siendo la capital de los Estados Unidos Mexicanos, albergando a los Poderes Federales, pero nos regiremos por nuestra propia norma que podrá ser modificada por la Legislatura de la Ciudad de México, no por el Congreso de la Unión como hasta ahora.

Las jefaturas delegacionales se convertirán en alcaldías. No tendremos más la figura solitaria del Jefe Delegacional, con muy pocas facultades al frente de una Delegación. Ahora, tendremos un Alcalde y un Concejo, elegido también por el voto popular, aunque hay que decir que las facultades del alcalde y de la alcaldía distan muy poco de aquéllas que hoy tienen las Delegaciones Políticas.

Como bien lo dijo hoy en la tribuna de la Comisión Permanente, a nombre del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo, se cierra un capítulo y se abre otro en este camino hacia la normalización democrática de la capital de la República. Sí a la autonomía, a los servicios, a la austeridad, a la rendición de cuentas. No a la marginación, a la manipulación de la pobreza y a la exacerbación del centralismo.

Desde mi punto de vista, la situación actual es muy similar a aquélla de 1988. A pesar de nuestra reticencia, participamos, y bien, en la conformación de la Primera Asamblea de Representantes. Posteriormente, lo hicimos en el Plebiscito Ciudadano que hizo realidad la reforma de 1993, y así sucesivamente hasta el día de hoy.

No estamos satisfechos. Los ciudadanos del Distrito Federal merecemos más que débiles acuerdos y tímidas negociaciones, pero este camino que se inicia hoy exige una Constitución a la altura de nuestras aspiraciones, un proyecto que exprese las necesidades auténticas de los capitalinos, una Carta Magna que incluya las garantías de respeto a la dignidad de la persona, un Constituyente representativo del sentir del ciudadano libre.

A pesar de todo, lo mejor es que dejaremos de ser ‘Distrito Federal’ para ser ‘Ciudad de México’. ¡Enhorabuena!

Cecilia Romero Castillo es Diputada Federal en la LXIII Legislatura.

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